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El derecho administrativo rige la actuación de la administración pública y su relación con los gobernados. Es una materia concurrente: hay actos de autoridades federales, de los estados y de los municipios, cada uno con sus propias leyes de procedimiento. A nivel federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece los requisitos de validez del acto administrativo, su notificación, ejecución y extinción, así como el recurso de revisión.

Abarca licencias de construcción y funcionamiento, permisos, concesiones, sanciones, clausuras, revocaciones, expropiaciones y la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 113 constitucional y su ley reglamentaria, que obliga a indemnizar por la actividad administrativa irregular que cause daños a los particulares. También comprende las responsabilidades de los servidores públicos bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el sistema anticorrupción.

La vía contenciosa principal es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) o los tribunales de justicia administrativa de cada entidad, regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se impugnan resoluciones definitivas en materia fiscal, aduanera, de comercio exterior, sanciones y negativas de trámites. Existen la vía tradicional y el juicio en línea.

Antes de acudir al tribunal, muchas leyes ofrecen el recurso administrativo de revisión ante la propia autoridad, que puede ser optativo. Contra la sentencia del tribunal procede el amparo directo, cerrando así el control de legalidad y constitucionalidad del acto.

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• Ley Federal de Procedimiento Administrativo
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
• Ley General de Responsabilidades Administrativas
• Leyes y códigos administrativos estatales y bandos municipales

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Frente a un acto administrativo puedes interponer el recurso de revisión ante la propia autoridad, por lo común dentro de 15 días hábiles, o acudir directamente al juicio de nulidad ante el TFJA o el tribunal estatal, que se promueve en 30 días hábiles en la vía tradicional y en 45 en otros supuestos. El juicio incluye demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia; suele durar de 8 a 18 meses. La sentencia puede impugnarse en amparo directo ante el tribunal colegiado.

Dọkumenti ndị ahụ achọrọ

• Resolución o acto administrativo impugnado y su notificación
• Identificación oficial y comprobante de domicilio
• Documentos que acrediten el derecho afectado (licencia, permiso, concesión)
• Pruebas del daño o de la irregularidad de la actuación
• Poder notarial o carta poder para el representante legal
• Constancias del expediente administrativo de origen

Gịnị bụ ọnụọgụgụ ya?

The fees depend on the instance: a administrative appeal is more economical than a nullification trial with expert evidence. A fee for the claim and adjustments for incidents or subsequent protection is common. Beware of anyone who promises to reverse any fine without reviewing notice and time limits, as many cases are lost for lack of opportunity, not for the substance.

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