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El derecho fiscal regula las contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos) y la relación entre el Estado y los contribuyentes. Es una materia concurrente: coexisten impuestos federales (ISR, IVA, IEPS), estatales (nómina) y municipales (predial), cada uno con su marco legal y su autoridad recaudadora.

Los fiscalistas atienden auditorías y facultades de comprobación del SAT (visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y electrónicas), la impugnación de créditos fiscales, la defensa contra el Procedimiento Administrativo de Ejecución (embargos), la cancelación o restricción de sellos digitales que impide facturar, la inclusión en las listas del artículo 69-B por operaciones simuladas (EFOS y EDOS), las devoluciones y compensaciones, y la planeación fiscal legítima.

Los medios de defensa característicos son el recurso de revocación ante el propio SAT, el juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, finalmente, el amparo. La materia fiscal es una de las que más amparos genera, sobre todo contra leyes tributarias que se estiman inconstitucionales por violar los principios de proporcionalidad y equidad del artículo 31, fracción IV.

Es una materia especialmente relevante para extranjeros y empresas con operaciones transfronterizas: residencia fiscal, tratados para evitar la doble tributación, precios de transferencia y retenciones a residentes en el extranjero. Un error en el cumplimiento puede derivar en multas, recargos, actualización y hasta responsabilidad penal por defraudación fiscal.

Itegeko itegeko

• Código Fiscal de la Federación
• Ley del Impuesto sobre la Renta
• Ley del Impuesto al Valor Agregado
• Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
• Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
• Códigos y leyes de hacienda de cada entidad y municipio
• Ley de Amparo

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Ante una auditoría, la autoridad ejerce sus facultades de comprobación y, de encontrar irregularidades, determina un crédito fiscal. Se cuenta con 30 días hábiles para interponer el recurso de revocación o para acudir al juicio de nulidad ante el TFJA (que puede ser en su vía sumaria u ordinaria). El juicio de nulidad suele durar de uno a dos años. Contra la sentencia procede el amparo. La restricción de sellos digitales tiene un procedimiento de aclaración con plazos muy breves que exige actuar en días.

Inyandiko zisaba

• Oficios y actas de la autoridad fiscal (orden de visita, resolución)
• Declaraciones anuales y provisionales
• Contabilidad electrónica y papeles de trabajo
• Comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos y recibidos
• Estados de cuenta bancarios
• Registro Federal de Contribuyentes y opinión de cumplimiento
• Contratos que respalden las operaciones

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Los honorarios se pactan por iguala para asesoría continua, por proyecto en planeación, o por asunto en litigio, a veces con un componente sobre el monto ahorrado o cancelado del crédito. Los amparos contra leyes fiscales suelen cobrarse por evento. Desconfía de esquemas 'para no pagar impuestos' basados en facturación de operaciones inexistentes: son delito y detonan el artículo 69-B.

Kuri iyi?

Necesitas un fiscalista si el SAT te notifica una auditoría o un crédito fiscal, te restringen los sellos digitales, apareces en las listas del 69-B, o buscas recuperar un saldo a favor negado. También para planear legalmente la carga tributaria de un negocio o una operación internacional. Para el cumplimiento contable ordinario suele bastar un contador, pero ante un conflicto o litigio se requiere el abogado.

Ryari:

• la fiscalidad, y no a través de la declaración de la renta, como se hacía hasta ahora.No permite la revisión de la declaración de la renta, ni la revisión de la declaración de la renta, ni la revisión de la declaración de la renta, ni la revisión.GarantíaGarantiaGaran