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El derecho constitucional estudia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como norma suprema y los mecanismos para hacerla valer. Desde la reforma de derechos humanos de 2011, el artículo 1º incorpora el principio pro persona, el control de convencionalidad y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Los medios de control constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son, además del amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en el artículo 105. Las controversias resuelven conflictos de competencia entre los poderes y órdenes de gobierno: Federación, estados, municipios y la Ciudad de México. Las acciones de inconstitucionalidad plantean la contradicción abstracta entre una norma general y la Constitución, y pueden promoverlas minorías legislativas, la Fiscalía General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos políticos, entre otros.

La declaratoria general de inconstitucionalidad permite que, tras jurisprudencia reiterada en amparo indirecto, la Corte expulse una norma del orden jurídico con efectos generales, salvo en materia tributaria. El control difuso faculta a todos los jueces a inaplicar normas contrarias a la Constitución o a los tratados en el caso concreto.

En la práctica, el derecho constitucional se entrelaza con el litigio de amparo para casos de alto impacto: libertad de expresión, igualdad y no discriminación, debido proceso, derechos de grupos vulnerables y control de reformas legislativas, muchas veces mediante litigio estratégico de interés público.

규제하는 법률 헌법재판소

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional
• Ley de Amparo
• Tratados internacionales de derechos humanos (Convención Americana, entre otros)
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Jurisprudencia de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

프로세스 및 시간

La controversia constitucional se promueve ante la SCJN, por lo general dentro de 30 días, y la acción de inconstitucionalidad dentro de 30 días naturales a partir de la publicación de la norma. Ambas se sustancian por escrito con instrucción, pruebas y proyecto de sentencia del ministro ponente, y su resolución puede tardar de uno a varios años. El amparo para reclamar violaciones a derechos fundamentales sigue sus propios plazos de 15 o 30 días y puede llegar a la Corte por revisión.

일반적으로 요청되는 서류

• Norma general, decreto o acto que se impugna y su publicación oficial
• Documento que acredite la legitimación del promovente
• Exposición de los conceptos de invalidez o de violación constitucional
• Precedentes y jurisprudencia aplicables al caso
• Poder o acuerdo del órgano que autoriza promover
• Pruebas documentales del agravio, cuando proceda

얼마나 드나요?

복잡성과 심각성 때문에 헌법 소송은 일반적으로 프로젝트별로 요금이 부과되며 광범위한 법률 조사와 때로는 전문가 또는 법원의 친구를 포함합니다. 전략적 인권 소송에는 pro bono 법률 사무소 및 조직이 있습니다. 법원이 승소 판결을 보장하는 사람을 신뢰하지 마십시오. 법원의 결정은 전체 투표로 결정되며 특정 사건을 넘어서는 기준을 설정합니다.

언제 이 변호사가 필요합니까?

법률이나 개혁이 새로 발표 당신의 권리를 침해 할 때 당신은 헌법 변호사를 찾을, 당국 사이의 권한의 충돌이 있을 때, 또는 당신이 연방 법원과, 필요한 경우, 대법원에서 전략적 소송을 권장하는 기본권의 심각한 위반에 직면 할 때. 또한 당신은 광범위 한 또는 컨벤션 검사를 통해 특정 재판에서 비헌법적 기준을 폐기하려고 할 때.

고용 시 경고 신호

• Garantizar el sentido del fallo del pleno de la Suprema Corte
• Confundir la vía del amparo con la de controversia o acción
• Prometer efectos generales sin cumplir los requisitos de la declaratoria
• Ignorar los plazos de 30 días para impugnar la norma
• Cobrar litigio constitucional sin experiencia en tribunales federales